Los dueños de casas derribadas, critican tener que pagar el I.B.I.

Una sorpresa que al final se ha convertido en una broma de mal gusto. Varios de los propietarios de las casas de playa Babilonia que derribó el Servicio Provincial de Costas la pasada primavera han recibido como cada año la factura del IBI. Los dueños entregaron sus inmuebles de manera voluntaria para que el órgano del Ministerio de Medio Ambiente recuperara suelo público a mediados de marzo. El Ayuntamiento de Guardamar del Segura ha enviado a cada ex residente el impuesto municipal para cobrarlo, a pesar de que este año no han podido pasar su periodo vacacional en las casas que se encontraban en la primera línea de playa guardamarenca.

La indignación ha crecido entre los afectados, puesto que tras varias llamadas de teléfono y un escrito registrado en el Consistorio no han recibido respuesta por parte del equipo de gobierno, e incluso al no abonar el importe del IBI en Suma la factura ha vuelto a enviarse con un 20 por ciento de recargo.Uno de los ex propietarios, José Ángel Giménez, se amparó en la Ley para reclamar lo que consideraba que era un atropello por parte del Consistorio. El documento jurídico se presentó hace un mes y todavía no ha sido contestado. El vecino de Callosa de Segura que pasaba hasta este año los veranos en la localidad costera aseguró que «en el Ayuntamiento nadie se hacía responsable de la factura, me pasaban de una persona a otra sin ofrecer ninguna respuesta».Así las cosas, los propietarios esperaban que al menos tuvieran que abonar una parte proporcional del IBI de sus viviendas, en este caso dos meses y medio. «No han tenido ninguna deferencia hacia nosotros, encima de que tuvimos que ceder nuestras viviendas para que las derribaran ahora nos envían a Suma, que para más despropósito nos ha vuelto a enviar la factura con recargo», criticó Serna.Por este motivo, los propietarios intentaron contactar con el área de Urbanismo antes de que el vencimiento del recibo se hiciera efectivo. En esta situación se encuentra una quincena de familias que vieron como las máquinas echaban al suelo sus casas de veraneo. José Ángel Serna valoró que «han tenido poco respeto hacia nosotros, que en 20 años no hemos dejado de pagar el impuesto municipal, el agua potable, la tasa de basuras o la electricidad», y añadió que «han tenido poca decencia en su afán recaudatorio».

El escrito presentado por el letrado de uno de los propietarios se ampara en el Código Civil y dentro del documento se califica la acción municipal del cobro del IBI como «antisocial y antijurídica». Los dueños indicaron que «la entrega de la vivienda al Estado se realizó por razones de utilidad pública y para que la recuperación de la fachada marítima cumpliera un fin social y un beneficio para el municipio y sus ciudadanos». Serna presentó también una queja formal en una oficina de Suma. Además, el representante legal de los vecinos que cedieron sus inmuebles solicitó de forma verbal al Consistorio que eximiera de los tributos e impuestos municipales, algo que no fue efectivo.
Entre la indignación de los ex propietarios de viviendas también se recuerda que costearon el alumbrado público de la calle Ingeniero Codorniu. «Hace unos diez años cada una de las 200 casas pagó 38.000 pesetas para reponer las farolas que se había quedado obsoletas», valoró el ex residente, José Ángel Serna. Una medida que «no se ha tomado en ningún otro municipio y que la propuso el propio Ayuntamiento de Guardamar», por lo que no entienden que no se les haya tenido en consideración.

La Verdad 6/11/08