Guardamar se opone a un proyecto del Consell que le aleja a una hora de Alicante

El Ayuntamiento de Guardamar del Segura no está dispuesto a que salga adelante una parte básica del proyecto de Ordenación del Parque Litoral Santa Pola-Torrevieja porque una de las principales mejoras ambientales que prevé colocar al municipio a una hora de Alicante y a 50 minutos del aeropuerto internacional de El Altet, lo que supone prácticamente duplicar los tiempos en un municipio que vive, principalmente, del sector turístico. Dicho proyecto básico, que la Conselleria de Infraestructuras tiene en estos momentos en fase de alegaciones, prevé el cierre al tráfico rodado de un tramo de la actual nacional 332 (cuya titularidad tiene que pasar a manos de la Generalitat Valenciana, según un convenio previsto entre administraciones); concretamente, el que cruza el parque natural de las Salinas de Santa Pola, lo que obligará a desviar toda la circulación por una ruta alternativa que pasará por el interior.
El proyecto de la Generalitat Valenciana prevé que todos los vehículos entre ambos municipios sean desviados por el Camp d'Elx, a través de La Marina (desde el lado de Guardamar), y desde ahí, por las pedanías de Derramador, La Hoya y, por la Vereda de Sendres, en dirección a la Baya Baja para enlazar o bien con la carretera Elche-Santa Pola o seguir en dirección a Alicante por Valverde y El Altet. Es decir, la distancia prácticamente se triplica y en una vía que, en estos momentos, carece de medidas para asumir este incremento de vehículos, de lo que también se ha quejado el equipo de gobierno del Ayuntamiento ilicitano que, igualmente, ha presentado sus alegaciones al proyecto, que están consensuadas con Guardamar del Segura.

Bus Guiado
La Generalitat Valenciana prevé que ese tramo de la nacional 332 que se elimina para el tráfico rodado se utilice para su proyecto de autobús guiado (o transporte público en plataforma) y que en él se incluya igualmente un carril-bici que, obviamente, tendría un menor impacto sobre el parque natural que hay en Santa Pola.
El Ayuntamiento de Guardamar, uno de los más respetuosos con el medio ambiente, no está en contra del proyecto del Parque Litoral pero sí del desvió de la carretera nacional 332 y, principalmente, porque nadie les ha consultado o preguntado su parecer.
La alcaldesa, Marylène Albentosa, aseguró que "existe una evidente contradicción entre ambos proyectos. El que se plantea en el proyecto de Plataforma Reservada de esa misma Conselleria de Infraestructuras, de febrero de 2010, donde aparentemente no se plantea el desvío de la carretera nacional a su paso por las salinas; y el del parque litoral, donde sí se plantea". La regidora recordó que muchos guardamarencos acuden a la Universidad de Alicante y que para ellos la solución adoptada por el Consell les supone pasarse el doble de tiempo en los autobuses o bien en vehículos particulares para acudir a clase.
Albentosa recuerda también que la nacional 332 es el principal enlace del municipio con la ciudad de Alicante y con el aeropuerto de El Altet, "y que las vías perimetrales al parque de Las Salinas de Santa Pola, como parece dibujarse como trazado alternativo, no disponen de capacidad suficiente para el tránsito que se pretende desviar, ni creemos que puedan llegar a tener por encontrarse en las inmediaciones de un parque natural".

Bordear
Por la misma cuestión, Santa Pola queda aislado como municipal del sur, a través de La Marina y Guardamar porque los vehículos tendrán, igualmente que bordear por el interior el parque natural de Las Salinas a través del municipio de Elche.
"Cualquier propuesta encaminada al desvío del tráfico rodado de la nacional 332 debe acompañarse de un estudio de tráfico serio y riguroso que dé una solución y que garantice una disminución real de los tiempos", explica el Ayuntamiento guardamarenco en una de las alegaciones al proyecto del Consell que ya están en Valencia.


Creación de un ente gestor aún sin modelo

El proyecto de Ordenación del parque Litoral Santa Pola-Torrevieja presenta otras incógnitas para el Ayuntamiento de Guardamar. De ellas destaca el que aún no se sepa que modelo de gestión se utilizará, si compartida, sin centralizada o sin centralizada restringida. Y al Ayuntamiento le preocupa porque la mitad de la inversión prevista (24 de 48 millones de euros) se realizará a través de este organismo que tiene que contar con un patronato.
Guardamar del Segura considera que los ayuntamientos quedarán de lado en el mismo pese a que "cualquier modelo de gestión que se plantee debe tener asumido que el más eficaz es el que se aproxima al ciudadano (...), debe primar la administración local sobre la autonómica y el mantenimiento de esas zonas grandes verdes que se han mantenido a lo largo de nuestra costa, de las que quedan muy pocas". M. A.
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Sin consultar
con los afectados

?Sin consenso, sin evaluar las consecuencias y sin plantear propuestas reales de compensación económica. Esos son los tres principales problemas que Guardamar del Segura ha puesto al Plan del Litoral, un proyecto de mejora medioambiental que el Consell plantea sin haberse sentado a negociarlo con los municipios afectados, pese a que sobre ellos recae buena parte de la inversión que se tiene que realizar en los próximos años para que sea una realidad.
El proyecto del Plan del Litoral prevé para los municipios de Santa Pola, Guardamar y Torrevieja una inversión con cargo a sus presupuestos que asciende a 17,1 millones de euros y que, según considera el Ayuntamiento Guardamar, se ha repartido sin tener en cuenta el número de ciudadanos; es decir, no se ha hecho de forma provisional a los ingresos que cada uno de ellos tiene. De hecho, Guardamar, con 17.000 vecinos tiene que pagar 4,8 millones de euros; mientras que Torrevieja, que multiplica por cinco su población, abonaría menos del doble -9 millones de euros-. El proyecto tampoco prevé cómo los ayuntamientos tendrán que hacer frente a los costes de funcionamiento de estas infraestructuras diseñadas por el Consell -previstas sin consultar con nadie-, según se quejan al punto de que constituye otra de las alegaciones que han presentado para intentar una modificación sustancial del mismo.