miércoles, 13 de julio de 2011

El Ayuntamiento plantea una alegación conjunta entre políticos y vecinos para llevarla ante Costas

El equipo de gobierno y la oposición celebraron ayer la comisión mixta del deslinde para explicar los pasos a seguir sobre la nueva propuesta del Ministerio de Medio Ambiente a los afectados. La alcaldesa Mari Carmen Verdú ha propuesto ampliar la alegación que envió el anterior gobierno local, y al mismo tiempo ofrece a los vecinos la posibilidad de reclamar sus derechos ante Costas. No obstante, son alrededor de un centenar los residentes que todavía se encuentran afectados por la enajenación de terrenos.
El grupo de gobierno reclamó la atención del PSOE para tomarle el pulso a la propuesta de deslinde que se redujo el pasado mes de mayo. En la actualidad el periodo de exposición pública del proyecto llega a su fin, por lo que desde el PP se reclama la atención de los propietarios de viviendas que todavía se ven perjudicados por la expropiación del frente litoral para que firmen una alegación en común.
Estos residentes tienen hasta mañana 14 de julio para poder firmar el documento conjunto que ha preparado la arquitecto municipal. Se trata de varias decenas de dueños de viviendas que se viven en las zonas más alejadas del casco, como en el límite con Torrevieja, en bloques de viviendas cercanas al puerto o en urbanizaciones como Pinomar, Pórtico Mediterráneo y Costabella.
La regidora explicó que «primero vamos a luchar porque estos propietarios no se vean afectados y vamos a pedirle a Costas el retranqueo de la línea de deslinde». En segundo plano quedan dos sectores del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que quedan a expensas de una negociación posterior con Costas para que en un futuro puedan desarrollarse urbanísticamente.
Sobre la nueva alegación institucional Verdú recordó que el PSOE detalló una por una las viviendas afectadas por el nuevo informe, «pero hemos ampliado esta resolución».
Además desde el equipo de gobierno guardamarenco se ha dado cumplida información a la Conselleria de Medio Ambiente, que va a ser el órgano que pierda las competencias sobre el mantenimiento de la pinada.

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