El Plan Agua del Ministerio de Medio Ambiente se desarrolla al ralentí. A pesar de que la sociedad pública dependiente Aguas de la Cuenca Mediterránea (Acuamed) anunció en septiembre, por boca de su presidente Adrián Baltanás, que la obra estaría en marcha en la planta desalinizadora de Guardamar en diciembre o principios del 2009, esto no ocurrirá hasta la primavera. Como poco. La culpa la tiene la lenta tramitación administrativa de estos megaproyectos, según el propio Ministerio.
El proyecto está totalmente a expensas de la declaración de impacto ambiental, un trámite que, curiosamente, para otros grandes proyectos, como el tren de alta velocidad AVE a su paso por el nudo ferroviario de La Encina, no es necesario. En el caso de la desalinizadora de Guardamar sí lo es.
El expediente de información pública sigue tramitándose «con normalidad», según aclara una voz autorizada de Acuamed, para que, «en el momento en el que el Ministerio de Medio Ambiente dé el visto bueno a la declaración de impacto ambiental, empiecen las obras». Esto no ocurrirá hasta dentro de cuatro o cinco meses, asegura Acuamed.
La obra se licitará inmediatamente después de que se resuelvan las alegaciones al informe de información pública y al de impacto ambiental, lo cual aún retrasaría algo más el inicio efectivo de la construcción.
Estos escollos de carácter administrativo no son los únicos. El Ministerio de Medio Ambiente anunció a principios de septiembre que «en breve» se firmaría el preceptivo convenio de colaboración con la Comunidad Riegos de Levante, de Elche, agrupación de la que dependen 20.000 agricultores del campo de Elche, la Vega Baja y la comarca de l'Alacantí. Pues bien, a día de ayer aún no se había firmado el pacto con la entidad que preside Manuel Serrano Richarte. «La negociación para el acuerdo se encuentra ya muy avanzada», se limita a explicar la fuente oficial.
40 hectómetros
Baltanás, el director general de Acuamed, la empresa pública que desarrolla y gestiona el plan Agua de Zapatero, informó a principios del mes de septiembre en la Expo de Zaragoza -donde participó en una jornada del Banco Mundial y de la Tribuna del Agua- de que en breves fechas se firmaría con Riegos de Levante el convenio por el que 20.000 agricultores de la margen izquierda del río Segura que ven peligrar la llegada de caudales del Tajo-Segura ante los permanentes anuncios de caducidad recibirían hasta 40 hectómetros cúbicos de agua al año para sus plantaciones.
El proyecto tiene un error de cálculo que no es baladí. Ya que, de no estar empezada la obra, Acuamed confiaba, al menos, en que estuviera lista y aprobada la declaración de impacto ambiental. El Gobierno tiene previsto invertir en Guardamar más de 150 millones de euros. Baltanás había vaticinado la puesta en funcionamiento de esta fábrica de agua para riego agrícola antes de que finalizara el año 2011.
Acuamed garantiza a los agricultores un coste nunca superior a los 30 céntimos de euro por metro cúbico a pie de planta, que podría incrementarse entre 3 y 10 céntimos más en función del grado de elevación de los distintos usuarios de la Comunidad General Riegos de Levante. Entre ellos, los del área metropolitana de Alicante, como el Sindicato de la Huerta de Alicante.
La Verdad 23/12/08
martes, 23 de diciembre de 2008
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